El derecho de propiedad no es un derecho absoluto, pudiendo estar limitado por derechos de terceros o por el interés general. Estas limitaciones, en ocasiones, pueden establecerse voluntariamente por acuerdo entre las partes; otras veces, vienen impuestas por la ley o la administración. En cualquier caso están sometidas a unos pactos, requisitos o condiciones que si son incumplidas por una parte, generan unos perjuicios a quien sufre el incumplimiento.
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